Claudia toma un café en el Gato Negro y se sumerge en su mar de recuerdos arremolinados. Tiene 29 años, baila, canta y trabaja como extra en publicidad. Una chalina bordó le abraza el pecho. Hace tres años le había escrito a Clarín, impactada por una nota sobre maltrato infantil. Para esa época, había recobrado la memoria de su infancia, que mantuvo borrada entre los 15 y los 24 años. Gritos, puñetazos, vejaciones, un diente roto. Eran las imágenes que la sacudían desde el pasado. Hoy, mientras cae la noche y suena el murmullo de la avenida Corrientes. Claudia decide que es el momento de contar su verdad: “Mi casa fue un infierno. Mi padre vivía golpeándonos. Abusó de mí cuando era niña y me dejó embarazada en la adolescencia. Me hicieron un aborto. Recién pude denunciarlo en la adultez, luego de salir del pozo de bulimia y alcoholismo en el que me arrojó. Son marcas para toda la vida, pero cuando decidí hacerle frente al problema, comencé a soñar con una reivindicación de mi dignidad”.
Sus palabras brotan como los récords que ahora salen a la luz: en los primeros seis meses del año se radicaron 2.032 denuncias por violencia familiar en el área metropolitana y se atendieron 6.196 casos desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires. Si se combinan las dos cifras, el promedio es de casi dos ataques por hora en el hogar.
Las mujeres y los chicos son los más afectados, pero también los ancianos, las personas con discapacidad, hombres golpeados en situaciones de violencia cruzada y madres atacadas por sus hijos. Los datos del Poder Judicial señalan que en los últimos 12 años se cuadruplicó la cantidad de demandas por violencia familiar ante la Cámara Civil: de las 1.009 denuncias que se registraron en 1995, se llegó a 3.779 el año pasado y, al ritmo actual, se proyectan más de 4.000 para este año. El primer semestre de 2006, según esta medición, fue el más violento desde 1995.
Por otro lado, los más de seis mil casos atendidos por el Programa de Violencia Familiar de la provincia de Buenos Aires hablan de un incremento promedio del 20 por ciento de las cifras respecto del año pasado.
Son los indicadores más actualizados, pero “apenas muestra la punta del iceberg de una realidad mucho mayor”, advierte Norberto Garrote, jefe del Servicio de Violencia Familiar del Hospital Pedro Elizalde. Es cierto, porque no relevan los casos del interior del país y la cifra global crece cuando se recorren las oficinas que escuchan a las víctimas:
El abogado Osvaldo Ortemberg, dedicado hace 40 años a casos de familia, señala que “hoy, en la clase media, hay un grado muy intenso de violencia familiar, por ejemplo cuando no alcanza el dinero, cuando hay asimetrías en los ingresos, sobre todo en favor de la mujer, y porque se verifican desde hace un tiempo fuertes desequilibrios emocionales, tanto en hombres como en mujeres”.
Ortemberg dice que hasta los clientes aumentaron su nivel de agresividad: “Hace 30 años, el abogado era tratado como un médico de familia, con mucho respeto, pero ahora no, la persona violenta quiere manejar todo y, a veces, le quita la confianza a su propio abogado”. Sin embargo, descubre un aspecto positivo del registro que da cuenta del aumento de las denuncias: “No perdamos de vista que tiene que ver también con el avance de los derechos del niño y de la mujer”. El debilitamiento de la “aceptación social” del hombre machista y golpeador forma parte de esa contracara. Un refuerzo de la idea: en 1995 fueron denunciados por agresión sólo 18 padres, mientras que en los primeros seis meses de este año ya van 623, otro récord.
Si bien la Justicia no puede resolver por sí sola el fenómeno de la violencia familiar —se acude a ella cuando el ataque ya se perpetró—, hay resortes que podrían funcionar mejor. Hace dos años, la Corte Suprema dispuso la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, para atender casos durante las 24 horas, pero la idea aún no se concretó. “Está demorado, porque hay que nombrar empleados y falta presupuesto”, señalaron fuentes judiciales.
La protección legal tampoco parece suficiente. El Ministerio del Interior estableció el programa “Las víctimas contra la violencia”, que analizará las falencias de la legislación nacional y provincial sobre violencia familiar y buscará consensuar la propuesta de una nueva ley con distintos sectores de la sociedad.
¿Cuáles son esas falencias? Por ejemplo, que la Ley 24.417, la principal en materia de violencia familiar, no establece con precisión políticas estatales de prevención, consideran sus críticos.
Ante el hecho de violencia, la Justicia deriva a los involucrados a tratamientos que no se cumplen o no dan resultado, porque la agresión, tarde o temprano, se repite.
Lo que nunca hay que hacer, coinciden todos los especialistas consultados, es callar.